De 1990 a 1994 fue acusadora particular en el proceso judicial contra el sargento mayor del Ejército de Guatemala, Noel de Jesús Beteta Álvarez, condenado a 25 años de prisión tras haber sido hallado responsable de ser el autor material del asesinato de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, ejecutada a puñaladas el 11 de septiembre de 1990, en la ciudad de Guatemala. De 1994 a 2004 se desempeñó como querellante adhesiva en el proceso judicial seguido contra el general Edgar Godoy Gaitán y los coroneles Juan Valencia Osorio y Guillermo Oliva Carrera, sometidos a investigación y proceso judicial bajo sindicación de ser los autores intelectuales de la ejecución extrajudicial de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, ejecutada a puñaladas el 11 de septiembre de 1990, en la ciudad de Guatemala. Fue condenado a 30 años de prisión el coronel Valencia, pero se fugó y no ha sido capturado.
De 2004 a la fecha: Participa en la elaboración de estrategias jurídicas y asesora a víctimas y familiares de víctimas en casos planteados ante los órganos de justicia local, entre los cuales se cuentan: La violación y asesinato de la menor Oliberta Calel, el delito de discriminación cometido contra María Tuyuc, la masacre de Panzós, cometida en 1978; los procesos que buscan esclarecer y sancionar el genocidio en Guatemala, y los procesos iniciados ante los órganos de justicia local por los asesinatos de Antonio Pop, Ricardo de León Régil y Florentín Gudiel, entre otros.
En el ámbito de la justicia en el Sistema Interamericano, de 1990-2004 fungió como peticionaria en el caso planteado contra el Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano, por su responsabilidad en los hechos que derivaron en violación al derecho a la vida de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, y en violación del derecho a la justicia a su familia. En 1998 fue Perita sobre la administración de justicia en Guatemala, en el Caso Bámaca Velásquez, y en 2003 asesoró el caso planteado ante el Sistema Interamericano contra el Estado de Guatemala, por su responsabilidad en la desaparición forzada de Luis de León.
En 2004 asesoró en un inicio el caso planteado contra el Estado de Guatemala, por su responsabilidad en el asesinato del investigador policial José Miguel Mérida Escobar. De 2005 a la fecha es peticionaria en el caso planteado contra el Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano por su responsabilidad en 29 casos de desaparición forzosa.
En 1993, Helen Mack creó la Fundación Myrna Mack, en memoria de su hermana asesinada. Desde el principio, el trabajo institucional estuvo orientado a estudiar el caso Myrna Mack, con el fin de determinar cuáles eran los mecanismos que obstruían el avance del proceso judicial. Fue así como surgió la necesidad de expandir el estudio al funcionamiento del Ejército y los aparatos de seguridad e inteligencia, adicionalmente a las investigaciones que ya se realizaban en el ámbito concreto de la administración de justicia. De esa manera, la Fundación Myrna Mack se convirtió en una institución dedicada a luchar contra la impunidad en Guatemala; a promover la transformación de los aparatos de seguridad e inteligencia, la consolidación democrática y el proceso de pacificación. Desde su creación a la fecha, Helen Mack funge como Presidenta de la Junta Directiva de la Fundación Myrna Mack.
Sus propuestas
Desde esa posición, Helen Mack ha fomentado propuestas técnicas y estrategias políticas para mejorar la administración de justicia y democratizarla; y ha impulsado con intensidad la reforma del sector seguridad, la reconversión del Ejército, la eliminación del Estado Mayor Presidencial y la transformación de los organismos de inteligencia.
Por sus aportes a la justicia, la lucha contra la impunidad y la defensa de los derechos humanos, la Fundación Myrna Mack recibió, en 2007, el Premio Rey de España en la categoría de Derechos Humanos.
Helen Mack también es fundadora y actualmente coordinadora de la Comisión Nacional de Apoyo y Seguimiento al Fortalecimiento de la Justicia en Guatemala, creada en 1997 por mandato del Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.
En 1996, Helen Mack unió esfuerzos con el obispo auxiliar Juan Gerardi Conedera, coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, y Rigoberta Menchú, premio Nóbel de la Paz, entre otras personalidades y organizaciones nacionales, para fundar la Alianza contra la Impunidad.
En 1999, Helen Mack inició pláticas con dirigentes de las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y Madres Angustiadas, con el fin de promover la búsqueda de transparencia, ética y excelencia profesional en la elección de autoridades y funcionarios en el sector justicia. Así nació el Movimiento Pro Justicia. Y en 2001 fundó, junto a dirigentes de 23 organizaciones de distinta procedencia sectorial, la instancia llamada Foro Guatemala.
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